“La agenda que nos une”: la campaña para brindar a las mujeres un país libre de violencia

Con el objetivo de denunciar las múltiples violencias que enfrentan las mujeres en su día a día y formular propuestas para combatirlas, se lanzó “La Agenda que nos Une”, una campaña impulsada organizaciones como el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), el Movimiento Manuela Ramos y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP).

Esta campaña es parte del Proyecto Voz y Liderazgo de las Mujeres, iniciativa del Gobierno de Canadá implementada en 33 países y liderada en Perú por Cuso International. En su semana de lanzamiento presentaron la web https://laagendaquenosune.pe/, un especial multimedia que reúne casos e historias de vida que reflejan las violencias que afectan a las mujeres.

Melania Canales, presidenta de ONAMIAP, resalta que las mujeres indígenas andinas y amazónicas han enfrentado violencias por la defensa de la Madre Naturaleza. “El racismo y la violencia es lo que enfrentan nuestras hermanas indígenas; ellas protegen sus territorios, pero no tienen garantías para salvaguardar sus vidas”, señala, denunciando los efectos de la contaminación sobre la salud y los cuerpos de las mujeres, así como la violencia que puede darse en el contexto de actividades extractivas. Es el caso de las 15 mujeres defensoras que fueron asesinadas el 2020, según datos de Global Witness sobre América Latina.

Por eso, las organizaciones de mujeres exigen que se implemente el Protocolo Sectorial para la protección de Defensores Ambientales, donde se priorice la situación de las mujeres indígenas andinas y amazónicas que están en riesgo. En la web de la campaña se presentan también historias como la de Mayra Macedo, Presidenta de la Organización de Comunidades Indígenas de Mujeres Shiwilu (OCIDMUSHI)-Loreto, quien exige el reconocimiento de los conocimientos ancestrales y se promueva una salud intercultural.

Las elecciones de autoridades municipales y nacionales, también son espacio donde las mujeres lideresas pueden sufrir violencia, en la forma de acoso político. “Se debe garantizar que las candidatas puedan participar en las campañas políticas de forma segura, por eso, pedimos al Congreso que apruebe mejoras para la Ley 3115 y así garantizar su derecho al ejercicio político sin violencia”, recalca Elizabeth Herrera vocera del Movimiento Manuela Ramos. En el especial multimedia de La Agenda que nos une, se puede conocer, por ejemplo, el caso de Gloria Falconí, vicegobernadora del Gobierno Regional de Ayacucho que ha denunciado actos de hostigamiento y acoso que dificultan el ejercicio de sus funciones.

“Estamos uniendo nuestras agendas, que ya coincidían en la defensa de los derechos de las mujeres en su amplia diversidad. Tras la pandemia muchas formas de exclusión se han profundizado y una de esas formas es la violencia y la precarización de la vida”, comenta Liz Melendez, directora de Flora Tristán. En 2021 el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables registró más de 22 mil casos de violencia sexual atendidos por los los Centros Emergencia Mujer (CEM). Y en 2022 se presentaron 26 casos de feminicidios, 37 tentativas de feminicidio, más de 35 mil llamadas a la línea 100, más de 24 mil casos atendidos por los CEM, de acuerdo a los reportes emitidos por el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Aurora). El especial multimedia de la campaña muestra los casos de Solsiret Rodríguez, Evelyn Ccorahua y Judith Machaca, jóvenes víctimas de feminicidio, cuyas familias siguen buscando justicia.

“Queremos hacer un llamado tanto a la sociedad como al Estado, necesitamos políticas públicas para prevenir la violencia y que no se afecten los proyectos de vida de las mujeres. Por ejemplo, se tiene que garantizar una educación sexual integral para que las niñas y adolescentes puedan tomar decisiones informadas”, afirmó Cynthia Silva, directora de Demus.

Otra de las exigencias al Estado se refiere al presupuesto necesario para garantizar el cumplimiento de las acciones y metas previstas en la Política Nacional de Género y la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia. Además, la campaña considera que el Proyecto de Ley 904 que discute el Congreso de la República, pone en peligro la Educación Sexual Integral, la cual permite orientar a estudiantes sobre el derecho a ejercer su sexualidad para decidir sobre sus cuerpos y así prevenir ITS y embarazos no deseados.

Para ir camino a una mayor equidad, se debe aprobar una Ley para Creación de un Sistema Nacional de Cuidados, se entiende por ello un conjunto de servicios que descarguen del trabajo asignado históricamente a las mujeres y se reconozca la responsabilidad compartida entre el Estado, la empresa privada, la comunidad y las familias. Los cuidados deben ser compartidos y no únicamente asignados a la mujer.

“La Agenda que nos une” denuncia las múltiples formas de violencia que enfrentan las mujeres, pero también visibiliza la creación de propuestas para salvaguardar su integridad y su vida, garantizar el acceso a justicia, combatir la impunidad y promover una mayor igualdad de derechos.