La fiscal Bonnie Bautista esta a cargo de este caso de "megacorrupción", como lo ha calificado la Contraloría General. (Foto: captura)
La fiscal Bonnie Bautista esta a cargo de este caso de "megacorrupción", como lo ha calificado la Contraloría General. (Foto: captura)

Esta mañana se reanudó, por cuarto día, la en la que el Poder Judicial evalúa el pedido de prisión preventiva de 36 meses para 20 de los 38 investigados en el Caso Los Dinámicos del Centro.

Según informó RPP, esta previsto que la fiscal del caso exponga este martes 6 de julio sus argumentos para solicitar la mencionada medida restrictiva contra los militantes de Perú Libre Eduardo Bendezú Gutarra, quien fue director de Transportes y Comunicaciones de Junín y es acusado de consentir el accionar ilícito de los integrantes de esta organización; así como de Marina Vásquez López, quien fue encargada del personal en la Dirección de Transportes del Gobierno Regional de Junín.

Asimismo, se conocerá la participación de Francisco Mueras Santana, encargado del área de licencias, quien ha sido señalado por haber coordinado el favorecimiento de postulantes a una licencia de conducir, así como de la captación de ‘evaluadores’.

El 15 de junio pasado, la fiscalía y agentes de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) detuvieron de manera preliminar por 15 días a 27 de los 38 implicados con esta organización criminal, presuntamente dedicada a obtener ganancias ilícitas a cambio de favorecer irregularmente con la emisión de licencias de conducir, desde la misma Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín.

En la audiencia de la víspera la fiscal adjunta María Huamán afirmó que el exgobernador regional y fundador de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, tuvo acceso a la resolución que ordenaba el allanamiento a las viviendas de los implicados antes de que este ocurriera.

Fue al sustentar el requerimiento de la medida contra Waldys Vilcapoma, encargado de la Dirección Regional de Transportes de la sede Satipo. De acuerdo a la fiscal Huamán, del teléfono celular que este intentó esconder en el tanque de un inodoro cuando lo detuvieron, se han obtenido 618 registros fotográficos, en los que se evidencia que el investigado buscó perturbar la actividad probatoria.

Una de las conversaciones de WhatsApp encontradas es la que tuvo con Cerrón, un día antes del allanamiento, que ocurrió el pasado 15 de junio.

“Con fecha 14 de junio. En la parte final de esa conversación, le indica a Cerrón: ‘Camarada, buenos días, ¿van a intervenir la casa o ya no? Estoy confundido’. ¿Eso qué demuestra? Que Vladimir Cerrón Rojas tenía esta resolución. Por qué, si no, Waldys le pregunta si van a intervenir o no”, señaló la fiscal al sustentar que existe obstaculización de la justicia.

En la audiencia de ayer también se pudo conocer que los acusados Arturo Cárdenas Tovar, secretario de organización nacional de Perú Libre, no solo colocaba y removía personal en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones sino también en la Dirección Regional de Salud y en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro.

La representante del Ministerio Público indicó que Cárdenas Tovar, quien continúa no habido, tenía el poder político incluso para ordenar que las convocatorias CAS queden desiertas.

Además, es acusado de solicitar a Waldys Vilcapoma Manrique un cupo diario del tráfico de licencias de conducir, con el fin de destinar el dinero a la campaña electoral de Perú Libre.

Su pedido de prisión preventiva fue sustentado por su récord migratorio. Arturo Cárdenas ha viajado a Cuba y según la fiscal no cuenta con una dirección domiciliaria fija y registra una intervención policial del 8 de junio por infringir las normas sanitarias.

Son 14 los detenidos por este caso, quienes permanecen en diferentes comisaría de Huancayo. Seis están no habidos, entre ellos los militantes de Perú Libre.

El dato

Vladimir Cerrón no es procesado por este caso, pero estaría vinculado por su relación con los implicados. Según informó RPP, aspirantes a colaboradores eficaces habrían señalado que había una orden expresa del gobierno regional en el 2020 de captar la mayor cantidad de dinero para destinarlo a la campaña electoral de Perú Libre.